Prospectiva de la crisis catalana para el otoño de 2019

Antes de analizar la posible situación política tras el parón veraniego, resulta interesante resumir brevemente los acontecimientos relacionados con el procés y posterior enjuiciamiento de los responsables. 

Celebración del referéndum y días posteriores. El día 1 de octubre de 2017 (“1-O”) se celebró el referéndum de autodeterminación en medio de una fuerte movilización popular (en ocasiones violenta) que obligó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a intervenir ante la inacción mayoritaria (y en algunos casos, oposición) de los Mossos d’Esquadra (policía autonómica dependiente de la Generalitat). Los días 3 y 8 de octubre se produjeron sendas huelgas generales, de seguimiento multitudinario y ciertos conatos de violencia (cortes de carreteras y piquetes). El 10 de octubre, ante la mayoría de votos favorables obtenidos en el referéndum (90% de síes y 42% de participación, según datos puestos en duda por numerosas fuentes), el president de la Generalitat Carles Puigdemont asumió “el mandato del pueblo que Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república”. El 21 de octubre, el entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy activó el artículo 155 de la Constitución, que permite la adopción de “las medidas necesarias para obligar a aquélla [comunidad autónoma] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Dichas medidas (destitución del Govern de la Generalitat, disolución del Parlament y convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas) fueron aprobadas, de conformidad con lo previsto en el precepto, por el Senado el 27 de noviembre, pocas horas después de que la declaración de independencia fuese aprobada por el Parlament de Cataluña. 

Huida y encarcelamiento de los líderes. El 29 de octubre de 2017, temiendo por su inminente detención, el ya ex president Puigdemont huyó a Bélgica. El día 2 de noviembre, la Audiencia Nacional decretó el ingreso en prisión de todos los líderes que permanecían en España, entre ellos el cesado vicepresidente de la Generalitat, quienes se unieron así a los líderes de las organizaciones civiles Ómnium Cultural (OC) y Asamblea Nacional Catalana (ANC), encarcelados desde antes de la aplicación del 155. La fiscalía pide graves condenas para los acusados por delitos de rebelión, con penas que llegan hasta los 25 años de prisión. Por su parte, la abogacía del Estado redujo su calificación a delitos de sedición (condenados con penas menos graves) siguiendo instrucciones del nuevo Gobierno . La vista oral del juicio se ha llevado a cabo durante numerosas sesiones en el Tribunal Supremo (TS) durante la primavera de este 2019. 

Cambio de gobierno central. Fruto de una sentencia de la Audiencia Nacional en la que se declaraba probado que el Partido Popular (PP) se benefició de actos de corrupción, el Congreso de los Diputados aprobó el 1 de junio de 2018 una moción de censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy (PP) con el apoyo de, entre otros partidos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Partido Demócrata Europeo de Cataluña (PDeCat), siendo designado como nuevo presidente Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Dicho Gobierno se caracterizó por su debilidad parlamentaria, requiriendo el apoyo de Podemos (izquierda) y de los partidos independentistas (ERC y PDeCat) para la aprobación de los Presupuestos. La incapacidad de obtener dicho apoyo condujo a unas nuevas elecciones generales en el mes de marzo con la victoria electoral de Sánchez, si bien éste aun no ha sido capaz de obtener una mayoría parlamentaria suficiente y parece probable una repetición electoral en el mes de noviembre. 

Movilización ciudadana. Durante el año 2018 se produjeron movilizaciones diversas organizadas por los Comités de Defensa de la República (CDR), apoyados en público por el actual president Joaquim Torra. Por otro lado, desde el entorno del ex President Puigdemont han surgido dos iniciativas que instan a la movilización ciudadana pro-independencia en el presente periodo de impasse: el ‘Consell per la República’, una suerte de govern en el exilio con el fin de sortear la acción de los tribunales españoles, y la ‘Crida Nacional per la República’, movimiento político que aspira a convertirse en partido, que se ha encontrado sin embargo con la oposición de ciertos sectores del PDeCat más partidarios de retomar la negociación con el Estado. 

Partidos políticos nacionales. Los partidos PP, Ciudadanos (centrista) y Vox (definido como de extrema derecha por diversas fuentes) han instado a Pedro Sánchez a utilizar de nuevo el art. 155 ante la actitud del Govern. Por su parte, Podemos mantiene una retórica de doble discurso, de respeto a la Constitución pero también de reivindicación del derecho a decidir de los catalanes. 

Líderes en el extranjero y apoyo internacional. Pese a una corta detención en Alemania, país que denegó su extradición a España, Puigdemont trata de aumentar la presión internacional a favor del Procés, con éxito limitado. Los principales países de nuestro entorno (Francia y Alemania, principalmente) y la Unión Europea se han posicionado contrarios a dicho proceso. Además, la reciente experiencia del Brexit es susceptible de endurecer la hostilidad y la reticencia de los países de la UE hacia otra salida unilateral de un territorio. Más allá de ciertos europarlamentarios que denuncian el “trato represivo de España hacia Cataluña”, el independentismo no ha conseguido obtener un respaldo importante en la UE y recientemente incluso algunos de sus simpatizantes flamencos (Flandes) están reduciendo su apoyo, habiendo llegado a ridiculizar el Procés por su “amateurismo”. Además, la nominación de Josep Borrell, acérrimo opositor al procés, como Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, representa un ataque frontal por parte del Consejo a las aspiraciones independentistas. 

Valoración de los hechos y prospectiva para 2019 

A la vista de lo expuesto, podemos concluir que el hecho clave de este otoño 2019 será la sentencia en el proceso judicial a los líderes del Procés, esperada alrededor del mes de octubre. A partir de ese momento, dada la enorme multiplicidad de variables implicadas, resulta difícil establecer escenarios prospectivos, si bien pueden plantearse tres situaciones hipotéticas con distinta probabilidad: 

1. Escenario altamente probable (»70%): Los magistrados del TS rechazan la acusación de rebelión y condenan no obstante por sedición y malversación a penas de entre 8 y 10 años de prisión. Esta condena provocaría inicialmente movilizaciones generalizadas en Cataluña instigadas por la Generalitat. Sin embargo, la moderación de las penas (cuya duración puede ser modulada mediante beneficios penitenciarios), el agotamiento del bando independentista y la asunción de la realidad de que la independencia es imposible, permitirían a nuestro juicio asumir el liderazgo a aquellos sectores de PDeCat partidarios de la resolución pactada, con los que el Gobierno central abriría un proceso de negociación ofreciendo concesiones importantes a cambio del abandono de las tesis independentistas. 

2. Escenario posible (50%): El TS dicta una sentencia ejemplarizante imponiendo penas de prisión de más de 15 años por delitos de rebelión. Ello provocaría movilizaciones masivas y huelgas generales en Cataluña y posiblemente el Govern convocaría elecciones plebiscitarias, de resultado incierto. Además, surgirían numerosas críticas por parte de instituciones internacionales significativas como el Consejo de Europa. El necesario respaldo institucional del Gobierno a la sentencia provocaría la pérdida del apoyo de Podemos, lo que podría desembocar en la convocatoria de elecciones generales o la apertura de un proceso de negociación con la Generalitat, en la que se redujesen las exigencias de ésta (renuncia a las tesis independentistas) a cambio de un aumento del autogobierno y, posiblemente, del indulto a los condenados. 

Conclusiones 

Los acontecimientos desarrollados con posterioridad al referéndum del 1-O nos indican que el escenario más probable en Cataluña a finales del año 2019 se caracterizará por un impasse político hasta el momento en que se dicte la sentencia del Procés, no previéndose mientras tanto un aumento grave de las movilizaciones civiles independentistas. Los acontecimientos posteriores dependerán de la gravedad de las condenas, que en nuestra opinión probablemente sean moderadas, de forma que el TS acabe decantándose por el delito de sedición, con penas de prisión cercanas a los 8 años. Ello generará un momento inicial de conflicto, si bien la moderación de las penas permitirá a ambos bandos justificar la apertura de negociaciones para la resolución de la crisis.