¿Qué pasa en el Sáhara Occidental? Claves del enfrentamiento en la ex provincia española
ONU/Martine Perret |
El pasado 14 de noviembre, el ‘Frente Popular para la Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro’ (Frente Polisario) declaraba la guerra al Reino de Marruecos, afirmando que al penetrar este en la zona desmilitarizada de El Guerguerat había violado los términos del Alto el fuego firmado entre las partes en 1991. El Gobierno marroquí, por su parte, afirmó después que era el Frente Polisario quien había roto el alto el fuego debido a sus previas acciones de bloqueo en la zona, si bien minimizó la reacción saharaui calificándola de “meros hostigamientos sin daños materiales o humanos”.
Aunque por el momento no se han producido enfrentamientos armados de gravedad, sorprende que esté pasando tan desapercibido en prensa un conflicto que, no en vano, tiene lugar en el territorio de una de nuestras antiguas colonias (que incluso llegó a ser considerada provincia en los últimos años del régimen de Franco). Así, el enfrentamiento está recibiendo un tratamiento de segunda línea, posiblemente ensombrecido por las elecciones estadounidenses de principios de mes o la omnipresente pandemia de la COVID-19.
Antecedentes del conflicto. Recordemos que el Sáhara Occidental es considerado por la ONU, aun hoy, un “territorio no autónomo por descolonizar”, tras ser administrado por España como colonia desde la Conferencia de Berlín de 1885 y más tarde incluso como provincia (entre 1958 y 1976).
Tras la llamada Marcha Verde protagonizada por Marruecos y la firma del Acuerdo Tripartito (España, Marruecos y Mauritania) de Madrid de 1975, España abandonó el Sáhara Occidental sin ceder legalmente su soberanía, pues la ONU declaró dicho Acuerdo contrario a la legalidad internacional. Ello provocó de forma inmediata un conflicto entre el saharaui Frente Polisario (apoyado militarmente por Argelia) y sus vecinos, que se habían repartido el territorio dejado por España. Aunque Mauritania se retiró en 1979, dejando la zona que administraba al Polisario y su proclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), las hostilidades con Marruecos se mantuvieron hasta 1991, fecha en que se firmó el Alto el fuego bajo el auspicio de la ONU, que designó una misión de paz (MINURSO) con el objetivo de velar por su mantenimiento y establecer las condiciones para un referéndum en el que el pueblo saharaui decidiese su futuro.
Desde entonces, sin embargo, ningún referéndum se ha celebrado y Marruecos continua administrando la parte oeste u oceánica, que comprende ciudades importantes como El Aaiún y Dajla y considera sus “provincias meridionales” (pese a que ningún país del mundo reconoce su soberanía), y ha construido un muro (en rojo, en la imagen) de casi 3.000 km de longitud para separarla de los territorios administrados por la RASD.
Por su parte, durante el conflicto gran parte de la población saharaui (entre 90.000 y 200.000 personas, según fuentes como ACNUR, aunque el número sigue siendo objeto de debate) se ha visto obligada a refugiarse en los campos de Tinduf, en Argelia, donde permanece a la espera de una solución definitiva.
Detonante. La tensión se inicia el viernes 13 de noviembre cuando el ejército marroquí penetra en la zona desmilitarizada al sur de El Guerguerat, que consiste en una franja desértica e inhabitada (considerada “de amortiguamiento”) de unos cinco kilómetros que separa el puesto fronterizo establecido por Marruecos (sin reconocimiento internacional) al norte, de la frontera con Mauritania al sur.
Durante años, dicha franja viene siendo atravesada por numerosos camiones y vehículos que portan mercancías entre Marruecos y Mauritania, ante las protestas del Frente Polisario que lo considera una violación de los acuerdos de paz. No en vano, desde finales de octubre un grupo de entre treinta a cincuenta saharauis se encontraban bloqueando la ruta, lo que aparentemente desencadenó la acción del ejército marroquí para proceder a su desalojo, con la declarada intención de desbloquear el tránsito comercial.
Dicha maniobra fue respondida por el Polisario, produciéndose ciertos intercambios de disparos que, según algunas fuentes, no llegaron a causar bajas pero provocaron la declaración de guerra por parte del Frente Polisario. La RASD ha emitido hasta el momento doce “partes de guerra”, en los que afirma que su Ejército Popular de Liberación Saharaui (EPLS) habría atacado varias bases o puestos de observación marroquíes al otro lado del muro. Sin embargo, Marruecos solo reconoce haber sufrido ataques con fuego en El Guerguerat y Mahbes, en ambos casos -afirma- respondidos por las Fuerzas Armadas Reales.
Motivos subyacentes. Tras unos últimos años de relativa estabilidad (desde los graves sucesos de El Aaiún de 2010), y otro intento de bloqueo en El Guerguerat en 2017, se reabre un conflicto que trae su causa en el larguísimo tiempo transcurrido desde que se propuso, como modo de resolución, la celebración de un referéndum que permitiese decidir a los saharauis.
En efecto, gran parte del malestar que ha ocasionado el conflicto se encuentra en una sociedad civil saharaui -especialmente la más joven- profundamente descontenta con la situación de paralización en la que se encuentra el conflicto. Tras casi treinta años bloqueados en los campos de refugiados de Tinduf esperando un prometido referéndum que nunca llega, los saharauis pretenden incrementar la visibilidad del conflicto y obligar a la ONU y a la comunidad internacional a llegar a una solución definitiva, después de sufrir el rechazo a sus pretensiones en los últimos años. No en vano, no se ha conseguido frenar el acuerdo pesquero entre Marruecos y la UE que afecta a los caladeros saharauis ni paralizar la explotación de fosfatos por parte de Rabat pese a sus disputas judiciales. Además, el descontento entre parte de los refugiados se ha traducido en la aparición, a principios de este año, del Movimiento ‘Saharauis por la Paz’ como alternativa política al Frente Polisario. Por último, debe tenerse en cuenta la amenaza que supone para la región el terrorismo y el riesgo de que numerosos jóvenes, ante la nefasta perspectiva de permanecer en los campos de refugiados sine die, pasen a engrosar las filas de las organizaciones terroristas que se extienden por la zona del Sahel.
Para Marruecos, los territorios del Sáhara Occidental poseen un enorme valor estratégico, pues constituyen la única salida terrestre hacia el resto de África (ya que la frontera con Argelia se encuentra cerrada desde hace años), además de un importante centro de extracción de minería (fosfatos principalmente, clave para las arcas de Rabat) y un crucial banco pesquero que le permite negociar sustanciosos acuerdos comerciales con la UE. Asfaltar el tramo de cinco kilómetros de la franja de El Guerguerat, completando así las obras ya iniciadas en 2017, es de una importancia vital para el comercio marroquí con Mauritania y el resto del Sahel, pues a diario transitan por esa ruta cientos de camiones que hoy emplean más de una hora en atravesar los apenas cinco kilómetros de camino. Por estas razones, Marruecos prefiere mantener un perfil bajo en los enfrentamientos con el Polisario, pues sabe que el tiempo juega a su favor y que alejar al conflicto de los focos mediáticos internacionales le permitiría seguir explotando el territorio como hasta ahora.
MINURSO. La ‘Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental’ fue establecida en 1991 para observar el alto el fuego y organizar un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo saharaui. Desde entonces, su mandato viene siendo sucesivamente prorrogado por periodos anuales o semestrales.
Sin embargo, la mencionada organización del referéndum -inicialmente previsto para febrero de 1992- se ha visto obstaculizada y eternamente postergada por la dificultad de elaborar un censo de votantes, dadas las posturas enfrentadas de ambas partes: por un lado, la RASD defiende que solo puedan votar aquellos que habitasen en la zona en 1974 y sus descendientes, mientras que Marruecos propugna que se incluya en dicho censo a aquella población que se haya desplazado al territorio desde entonces (que hoy podría constituir una mayoría). Ello provocó, entre otras, la renuncia en 2004 del Enviado Especial James Baker, tras varias propuestas infructuosas de solución.
El último informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad, fechado el 23 de septiembre de este año, ya ponía de relieve algunas violaciones del alto el fuego por ambas partes. Pese a reconocer su retraso en designar un sustituto al anterior Enviado Especial (el ex presidente alemán Horst Köhler, que renunció a mediados de 2019 por motivos de salud), el Secretario General Antonio Guterres (que conoce de cerca el conflicto, por haber visitado los campos de refugiados cuando era Alto Comisionado para los Refugiados) ya venía expresando en dicho informe su preocupación por el retroceso en el cumplimiento del Acuerdo de 1991, debido a las incursiones por parte de ambos contendientes en la franja de seguridad del Guerguerat.
En cualquier caso, resulta especialmente significativo que en sus últimas resoluciones la ONU ha dejado de hablar del referéndum como objetivo principal, y hoy en día propugna “encontrar una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable que lleve a la autodeterminación del pueblo de Sahara Occidental”, siendo frecuente el uso en su lugar de términos ambiguos como “proceso político” o “solución política”.
Reacciones internacionales. Existe un fuerte desequilibrio entre los contendientes en lo que concierne a sus respectivos respaldos internacionales.
Por un lado, Marruecos cuenta con el apoyo de un gran número de países en relación con este litigio. Así, aunque ningún país ha reconocido aún su soberanía sobre los territorios anexionados, lo cierto es que hasta 16 países han establecido consulados generales en El Aaiún -el último de ellos Emiratos Árabes Unidos-, en lo que constituye un apoyo implícito y simbólico a su reivindicación. Algunos Estados como Catar, Arabia Saudí, Kuwait y Jordania, así como organizaciones regionales como el Consejo de Cooperación del Golfo, la Organización para la Cooperación Islámica y el Parlamento Árabe, han manifestado expresamente su apoyo tras los enfrentamientos. Parece por tanto que los esfuerzos de Marruecos en ir tejiendo en los últimos años una red internacional de apoyos a sus reivindicaciones, especialmente desde su regreso a la Unión Africana en 2017, han tenido éxito.
En cuanto a la RASD, pese a haber sido reconocida oficialmente por múltiples países (hasta 54 en el año 2002, según el Parlamento Europeo) y ser miembro de pleno derecho de la Unión Africana, cuenta con escasos aliados en sus reivindicaciones. La retirada por parte de Libia de su apoyo en 1984 dejó a Argelia como su única aliada formal en la zona. Sin embargo, pese a su alto potencial bélico, Argel es contraria al escalamiento de las hostilidades y ha instado a las dos partes a la contención. No en vano, el país se encuentra en una situación aun inestable tras la reciente aprobación de la Constitución por referéndum a principios de noviembre (que aun debe ser refrendada por el Presidente Abdelmadjid Tebboune, hospitalizado en Berlín).
Mauritania, la otra firmante del Acuerdo Tripartito de 1975, también llama a la calma e insta a los contendientes a la "moderación" y a "mantener el alto el fuego y buscar una solución consensuada urgente a la crisis".
En nuestro país, pese a la condición de ex potencia colonizadora, la actitud de los sucesivos Gobiernos de la democracia ha sido la de aparente neutralidad y respeto por el proceso político auspiciado por Naciones Unidas. No en vano, apenas ha habido en estos días declaraciones oficiales al respecto, más allá del comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que reproduce los términos del informe del Secretario General Guterres, e “insta a las partes a retomar el proceso negociador y a avanzar hacia una solución política, justa y duradera y mutuamente aceptable”. El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska se reunió esta semana en Marruecos con su homólogo para tratar la reciente avalancha de inmigrantes recibida en Gran Canaria, si bien el comunicado oficial de dicho encuentro no contiene referencia alguna a los enfrentamientos en El Guerguerat, y en declaraciones posteriores se ha limitado de nuevo a invocar la referencia a una “solución justa y aceptable”.
Prospectiva. Se da en este conflicto lo que Javier Otazu ha calificado en La Vanguardia de “batalla del relato”, es decir, una situación en la que debido a la limitada presencia de observadores o de prensa internacional, cada parte contendiente traslada a la opinión pública la información que más favorece a sus intereses. De este modo, frente a los casi diarios partes de guerra del Frente Polisario, que relatan ataques armados e importantes daños materiales en el bando marroquí, desde Rabat se niega haber sufrido apenas daños. Mientras el Polisario pretende atribuir la máxima gravedad a las acciones del ejército marroquí frente a los manifestantes que bloqueaban el paso de El Guerguerat, las fuentes oficiales marroquíes argumentan que se trató de una mera operación pacífica de desalojo y restauración del tráfico comercial de la zona, acción que se defiende mejor en los círculos internacionales y que de momento ha llevado a la mayoría de países a pedir contención a ambas partes.
Parece lógico deducir que la población saharaui tratará de obtener visibilidad y movilizar la reacción internacional a un litigio demasiado prolongado en el tiempo. Ante un referéndum que nunca llega y una situación de parálisis en los campos de refugiados sin perspectiva alguna de cambio, la juventud saharaui desea dar un nuevo impulso a la cuestión, si bien no parece que de momento este enfrentamiento vaya a movilizar una opinión pública internacional actualmente mucho más preocupada de otros asuntos, como ha quedado de manifiesto a la vista de la limitada cobertura mediática que se le ha dado al choque.
Por su parte, Marruecos se limitará a reducir progresivamente el tono del enfrentamiento y tratar de que las aguas se calmen lo antes posible. Es perfectamente consciente de que el tiempo corre a favor de su propuesta de autonomía para el territorio bajo administración de Rabat, pues incluso aunque llegara a celebrarse el referéndum, probablemente este se inclinaría a su favor si se incluyese finalmente en el censo a la población llegada después de 1976. Es por ello que el embajador marroquí ante la ONU ha descartado que su país vaya a ir a la guerra con el Frente Polisario, aunque afirma estar “listo para defender a civiles, defender su territorio y su integridad territorial”.
Por tanto, la mayoría de observadores descarta la existencia de enfrentamientos más graves en el corto plazo, no solo por la falta de voluntad de Marruecos, sino por el fuerte desequilibrio de fuerzas entre ambos contendientes, que solo podría verse alterado en caso de intervención exterior. Sin embargo, no parece que Argelia (principal respaldo de la RASD) desee un enfrentamiento abierto, pues no en vano Argel ha llamado ya a la contención y a reducir la tensión.
En consecuencia, no parece que los actuales acontecimientos en El Guerguerat vayan a desencadenar una solución definitiva al conflicto, al menos en el corto y medio plazo, de modo que el litigio continuará estancado hasta que las circunstancias y el contexto (implicación de ONU u otros actores) se vean alteradas de algún modo.
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